La ley electoral española debe avanzar hacia un sistema más proporcional y justo.

La única región de España que no ha aprobado una ley electoral propia en casi 38 años de historia ha sido Cataluña

En las elecciones autonómicas catalanas del 21D, Ciudadanos se convirtió en el partido más votado y el independentismo conserva, aún perdiendo las elecciones en cantidad de votos, su mayoría absoluta de escaños en el Parlamento Catalán. Es entonces cuando tal paradoja merece un análisis del  origen de la misma, así como de las motivaciones para que dicha contradicción aún no se haya corregido, décadas después, desde las primeras elecciones del Parlamento de Cataluña en 1980.  

 

 La única región de España que no ha aprobado una ley electoral propia en casi 38 años de historia ha sido Cataluña. Todas las elecciones autonómicas hasta el 21D, se han convocado en base a la Ley Orgánica del régimen electoral general (la Loreg), marco legal que establece las normas para las elecciones generales al Congreso de los Diputados. Es un sistema electoral que basa la conversión proporcional de los votos en escaños aplicando la ley de D’Hondt con circunscripción provincial, un método bastante extendido en el mundo, pero que prima a los partidos mayoritarios de cada circunscripción, tiende a favorecer más que otros métodos a los grandes partidos, lo cual se agrava con las circunscripciones pequeñas y las barreras electorales, aunque posee un efecto distorsivo menor cuando la circunscripción es única. En cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos, el 3% de los votos emitidos. De hecho los votos en blanco son considerados como válidos para el cálculo de este porcentaje, lo cual determina que sean necesarios más votos para lograr un escaño. 

 

 Así el sistema electoral aplicado en España y también en las elecciones autonómicas catalanas, beneficia en escaños a los partidos nacionalistas, pues en la práctica, partidos que concentran sus votos en pocas circunscripciones consiguen más representación, pese a tener menos votos dentro de la totalidad del conjunto.

 

 Los 135 diputados a elegir en el Parlamento Catalán se distribuyen en 85 por la circunscripción de Barcelona (cuerpo censal de 4.156.259 personas); 18 por Tarragona (cuerpo censal de 566.341 personas); 17 por Gerona (517.881 personas) y 15 por Lérida (313.913 personas). De modo que los escaños de Barcelona se corresponden con el 62,9% del total de los mismos, mientras que su población es el 74,8% de los electores catalanes. Concluyendo, Barcelona está infra-representada en la cámara regional, efecto que se invierte en el caso de las otras tres provincias, que resultan estar hiper-representadas. La lectura final de esta distribución es que Barcelona, más poblada, con un voto mayoritario hacia partidos de ámbito nacional es penalizada en favor de zonas rurales cuyo voto tradicional  es mayoritario hacia CiU y ERC. Expertos coinciden en que empleando la ley de D’Hondt, los grandes partidos son los beneficiados y los pequeños perjudicados, entienden que en su momento fuera un método elegido para garantizar gobiernos fuertes en la aún joven democracia española, pero que hoy no es el adecuado. Aseguran que otorga con facilidad mayorías absolutas y que aún cuando esto no ocurra, el partido ganador concentra el poder suficiente para impulsar sus iniciativas sin la necesidad de otras formaciones políticas.

 

Lee también:   Reforma Electoral Canaria, la sociedad cívica : DPC, política : PSOE y Ciudadanos

 

 

 
Hoy de los métodos comúnmente utilizados para la conversión proporcional de votos en escaños, el sistema Sainte-Laguë o método Webster es uno de los que consigue mayor proporcionalidad y es imparcial con relación a grandes o pequeños partidos. Se aplica en Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Dinamarca, Bosnia Herzegovina, Letonia, Kosovo, en los estados alemanes de Hamburgo y Bremen, así como en las elecciones legislativas de Ecuador.

 

Otro ejemplo que es imposible dejar de mencionar en este análisis de leyes electorales aplicadas en el territorio español, leyes que deben avanzar hacia una mayor proporcionalidad y justicia democrática en lo referente a: “un ciudadano, un voto”, se encuentra La Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Canarias.  El sistema electoral de Canarias es el más desproporcional y restrictivo en España. Establece que la circunscripción electoral son las islas, con significativas desviaciones en la representación de cada una, tiene las barreras electorales más altas del territorio español (un 30% para la circunscripción (isla) y un 6% a nivel autonómico, estos valores en España oscilan entre el 3%-5%), y es el único caso a nivel nacional con dos barreras electorales simultáneas, lo cual genera grandes distorsiones en la representación parlamentaria autonómica. La mitad de los diputados del Parlamento de Canarias son elegidos en las islas no capitalinas o islas menores, representadas por el 17% de la población autonómica, mientras que la otra mitad se distribuye a partes iguales, entre las dos islas capitalinas con un 83% de la población. El resultado es una desvalorización del voto en estas últimas, en favor del resto. Un voto en las islas menos pobladas, vale por aproximadamente 20 votantes de las islas capitalinas, quedando así absolutamente sin valor alguno, unos 170.000 votos. Todo ello genera paradojas, como que en una circunscripción pequeña se obtenga un diputado con 1.500 votos, y en otra grande con 55.000 votos, no se obtenga ninguno.

 

Todas estas incongruencias en los resultados electorales, se han hecho más evidentes y notorias después de la incursión en la política nacional de los dos partidos emergentes, del fraccionamiento del voto y el final cada vez más  certero de la época de las mayorías absolutas bipartidistas. Es obvio que ni a los grandes partidos ni a los partidos nacionalistas les ha interesado cambiar dichas leyes pues les benefician, les permiten en comparación,  lograr escaños más fácilmente e incluso mayorías absolutas o simples. Pero el valor democrático de un voto no es negociable, ni puede primar jamás el interés partidista por encima de ello. Es y será responsabilidad de la sociedad civil presionar para que esto cambie, que sea escuchada su voz y digamos que literalmente: “su voto”. Ese momento, dada la indignación masiva ante los resultados electorales o como mínimo, la apertura del debate a nivel nacional, sin duda: es ahora.
Lee también:   El Cobalto, mineral de sangre

 

 

 

                                                             

4 respuestas a La ley electoral española debe avanzar hacia un sistema más proporcional y justo.

Deja un comentario